Denunciaron y pidieron la apertura del proceso de destitución del intendente de Quines Oscar Macías
El Concejo Deliberante admitió la presentación contra el dirigente justicialista-K. Se le adjudican reiterados incumplimientos de los deberes de funcionarios público y hay sospechas sobre el manejo de fondos. No respondió 36 pedidos de informes.
La denuncia de la concejal kirchnerista, María Esther Ortíz fue aprobada por casi todo el bloque Unidad Justicialista y las bancadas de San Luis Unido y Juntos por la Gente.
Formalizó graves acusaciones contra el intendente Oscar “Paco” Macías, que en el ejercicio de la función habría incumplido ordenanzas y la Constitución provincial.
La localidad quedó conmocionada por la decisión del Concejo Deliberante de aceptar la denuncia y convocar a una sesión especial para el 31 de octubre para tratar las acusaciones.
En esa audiencia quedará prácticamente sellada la suerte del intendente.
Macías fue reelecto el 16 de junio por el 58% por el Frente Unidad Justicialista de Alberto Rodríguez Saá.
El presidente Nelson Flores (Unidad Justicialista), Angelina Marín (Unidad Justicialista), Néstor Marcelo Lucero (San Luis Unido) Gustavo Ariel Alcaráz (San Luis Unido), Ricardo Daniel Astudillo (Juntos por la Gente) y Ortíz que se separó de UJ para recrear el bloque Frente para la Victoria, dieron el visto bueno que abre la puerta del proceso que puede desembocar en la destitución. Miguel Rosendo Ortíz (Unidad Justicialista) fue el único ausente y seguiría por ahora alineado con el intendente.
Hace un par de semanas Macías recibió un aviso de que empezaba a perder apoyo en el Concejo Deliberante. Desde la comisión de Finanzas, Ortiz le hizo saber que no iban a aprobar el incremento salarial del 70%, tanto de él como del staff político. De habilitarse el pedido pasará a cobrar más 100 mil pesos.
La denuncia
Alrededor de 100 páginas exponen un conjunto de ítems que serían las irregularidades.
En declaraciones a El Chorrillero, María Esther Ortíz, afirmó que el intendente es responsable de una “deficiente administración” en perjuicio del Estado municipal.
Hizo señalamientos sobre contrataciones, registros de bienes y actividad de venta de bienes inmuebles públicos. En todas habría evadido los procedimientos que, por ejemplo, le garantizan a la Municipalidad la contratación de mejor oferente y al mejor precio, o que se cumpla el mecanismo establecido para la venta y negociaciones.
“Esta es una denuncia que se basa en hechos, no en dichos”, sostuvo y aseguró que tiene “más pruebas contundentes”.
Según la interpretación que Ortíz sostiene en la denuncia, se violó “absolutamente la transparencia que debe regir la actividad administrativa”.
“De lo público hizo algo privado y anuló el Concejo”, señaló.
Las causales
Para graficar, entre las principales anormalidades se postula la venta de inmuebles del Estado municipal, violando la normativa vigente. Mediante una nota recibida por el Concejo el 22 de marzo de 2017, Macías requirió la autorización para la venta de tres lotes a nombre del municipio, situados en la Avenida Córdoba, intersección Granadero Figueroa.
De este modo el intendente habría incumplido la ordenanza 600/17, que lo obliga a efectuar la venta en subasta pública, ya que el 5 de mayo de 2017 celebró un contrato de compra venta con un particular sin respetar el procedimiento.
Para el 20 de julio se confeccionó un pliego con condiciones, pero sospechan que se trató de una “simulación”. Como ejemplo aportan un boleto de compra venta suscripto por Macías y una vecina.
Otra irregularidad que se dejó sentada es que sólo ha presentado una rendición trimestral de este año, estando ampliamente vencidas las del segundo trimestre y las del tercero próximas a vencer.
También se muestra que hubo reiterados pedidos de informes por parte del cuerpo legislativo, que datan desde el 2016. Se trata de un total de 36 requerimientos, de los cuales ninguno obtuvo respuesta.
Entre los principales se encuentran interrogantes sobre la situación del Balneario El Zapallar, la planta de personal político, el puente carretero, los carnavales 2016-2017, la Fiesta Nacional del Mate, el organigrama de secretarías, el programa de Salud Comunitaria, la Cápsula del Tiempo y placa en Plaza Vieja, licitación del camping El Muro, modificaciones del código tarifario, entre otros.
Además se especifica que, sin contar con la debida autorización del Concejo y violando la normativa, efectuó compras de manera directa, según surge de los balances que fueron rechazados.
Tampoco ha dado de alta los registros patrimoniales, por ende la falta de registración de bienes que ingresan al patrimonio municipal o que se efectúan mediante la confección de un inventario, se constituye en otro “gravísimo incumplimiento”, dado que esta omisión genera el desconocimiento del dominio de los bienes particulares y públicos.
El ejemplo que cita Ortíz es la adquisición de una máquina bloquera-adoquinera a la empresa Siamro SRL (Buenos Aires) por $1.290.059,88. Según Alcaráz, el valor en el mercado apenas supera los $300 mil.
También se expuso que, sin autorización, compró en forma directa (superando ampliamente el monto permitido por ordenanza) una motoniveladora usada marca Richier, por un monto de $3.500.000 abonados con cheques librados contra las cuentas municipales abiertas en el banco Supervielle.
Según la denunciante, estas operaciones las calificó como “negocio” y se habrían desarrollado a “instancias de sobrefacturaciones”.
La dirigente pidió que se abra el procedimiento de destitución, contemplado por el artículo 265 de la Constitución provincial. El Concejo dio admisibilidad a la presentación y llamó a sesión extraordinaria para el último día de octubre a las 8 para hacer el análisis.
“Maneja el municipio como una industria familiar. Un hijo es secretario de Hacienda y un primo hermano es el otro secretario”, puntualizó en alusión a Lucas Macías y Néstor Manzanelli.
“Es lamentable que en un pueblo tan humilde venga un político como Macías a servirse del pueblo”, criticó.
De la noche a la mañana María Esther Ortíz está a punto de convertirse de principal sostén en verdugo político de su ex socio.
Llegaron en 2015 a la intendencia de la mano del kirchnerismo y apenas asumieron se subordinaron al rodriguezaismo.
Ortíz que fue candidata a diputada por el Frente por la Victoria en las últimas elecciones y reivindica su condición de kirchnerista, conoce mejor que nadie la intimidad de la gestión municipal.
Por eso se considera que la denuncia tiene suficiente entidad.